Amnistía Internacional

Myanmar: Faciliten urgentemente el acceso a ayuda humanitaria para quienes han sobrevivido al terremoto (vie, 28 mar 2025)
En respuesta a la información sobre los enormes daños causados por un terremoto de magnitud 7,7 en la zona central y otras zonas de Myanmar, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, ha declarado:“Este terremoto no podría llegar en peor momento para Myanmar. Más de tres millones de personas permanecen desplazadas internamente a causa del conflicto armado que ha azotado el país desde el golpe de Estado militar de 2021. Más de un tercio de la población necesitará ayuda humanitaria este año. Al mismo tiempo, en el país están empezando a notarse las consecuencias que en los servicios humanitarios están teniendo los recortes de la ayuda humanitaria estadounidense”.“En un país en el que el ejército ha prohibido numerosos medios de comunicación y el acceso a Internet está restringido, es posible que durante un tiempo no tengamos una imagen clara del alcance de los daños y las pérdidas. El hecho de que parezcan estar recibiéndose más imágenes e información desde Tailandia que desde el epicentro en Myanmar es un alarmante recordatorio de la represión a la que el ejército somete a la libertad de prensa desde el golpe de Estado de 2021.”“El centro de Myanmar, donde se cree que se encuentra el epicentro del terremoto, ha sido asolado por ataques aéreos militares y enfrentamientos entre grupos de resistencia y el ejército. El ejército de Myanmar tiene desde hace tiempo como práctica negar la ayuda humanitaria a las zonas donde hay grupos de resistencia activos. Debe permitir de inmediato el acceso sin trabas a todas las organizaciones humanitarias y eliminar las barreras administrativas que retrasan la evaluación de las necesidades.”“Todas las partes del conflicto armado deben dar prioridad a las necesidades de la población civil, ya que este desastre ha sacudido por completo su vida, y deben garantizarle acceso libre a la ayuda. Los derechos humanos deben ocupar un lugar central en todas las iniciativas de ayuda humanitaria, una ayuda en cuya provisión no debe haber discriminación alguna. Amnistía Internacional pide especialmente que se proteja a las personas con necesidades específicas, como los niños y niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres y niñas en situaciones vulnerables.”Información complementariaHacia las 13:20 del 28 de marzo, un terremoto de magnitud 7,7 ha golpeado Myanmar. Se ha registrado en la región de Sagaing, pero las informaciones iniciales señalan daños generalizados en la segunda ciudad más grande de Myanmar, Mandalay, y en la capital, Naipyidó, y ha afectado a casas, lugares de culto y bienes culturales, entre otras cosas. Los temblores se sintieron también al otro lado de la frontera, en Bangkok y Chiang Mai (Tailandia).
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Ley Mordaza: Diez años de vulneraciones de derechos humanos y promesas incumplidas (Fri, 28 Mar 2025)
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende, Greenpeace, Irídia, Legal Sol, No Somos Delito, Novact, CGT, Rights International Spain y Red Acoge, instan a que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se concrete antes del 10º aniversario de su entrada en vigor en julio y que el nuevo texto cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.“Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización. No es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos”, han declarado las organizaciones.En este contexto, hoy 28 de marzo se llevará a cabo en Madrid un acto de protesta contra la Ley Mordaza y en contra de los controles policiales discriminatorios a las 18h en la Plaza Arturo Barea de Madrid. En el acto se leerá el manifiesto “Parad el racismo y no a las personas”, respaldado por más de 260 organizaciones.Una década de regresión en derechos humanosEl 30 de marzo de 2025 se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, debido a las restricciones impuestas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales.Durante estos años, el Gobierno y diversos grupos parlamentarios han prometido su derogación o reforma integral en varias ocasiones, sin que hasta la fecha se haya materializado. Los procesos de reforma impulsados entre 2016-2019 y 2019-2023 quedaron inconclusos. Actualmente, en un tercer intento iniciado en mayo de 2024, las organizaciones exigen que la reforma se finalice antes del 1 de julio de 2025, que es la fecha de entrada en vigor de la citada ley.Impacto de la Ley Mordaza: criminalización de la protestaDesde su entrada en vigor y hasta 2023 (únicos datos oficiales disponibles hasta ahora), se han registrado más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, excluyendo aquellas vinculadas a drogas, armas y explosivos.Más del 76% de estas sanciones en materia de seguridad ciudadana se han impuesto por infracciones de desobediencia, resistencia o negativa a identificarse (artículo 36.6) y faltas de respeto a la autoridad (artículo 37.4).Tanto la Comisaria de Derechos Humanos como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han criticado estos artículos por su impacto negativo en el derecho a la protesta.Cinco demandas clave en la reforma de la Ley MordazaLas organizaciones exigen que la reforma contemple los siguientes asuntos clave:Prohibición expresa del perfilamiento racial en las identificaciones y registros policiales. Se debe establecer el uso de formularios de parada que recojan datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia.Eliminación del rechazo en frontera. Debe garantizarse en cualquier caso, el acceso a vías legales y seguras de protección internacional, asistencia letrada y evaluación individualizada de los casos.Modificación de las infracciones más lesivas para la protesta, como los artículos 36.6 y 37.4, evitando su interpretación arbitraria por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.Supresión del artículo 36.23, que sanciona el uso de imágenes de los agentes durante sus intervenciones policiales, limitando de esta forma la documentación de abusos y la libertad de información por parte de periodistas y ciudadanía.Regulación transparente del uso de material antidisturbios, con la participación de expertos y la sociedad civil, garantizando mecanismos de trazabilidad y control efectivo, así como de rendición de cuentas. Las organizaciones firmantes reiteran su compromiso de seguir luchando hasta la eliminación de los aspectos de la Ley Mordaza contrarios al respeto pleno a los derechos humanos en España. 
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Egipto: Más de 30.000 personas demandan la liberación del estudiante Oqba Hashad tras casi seis años de detención arbitraria (Thu, 27 Mar 2025)
 Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a Oqba Hashad, estudiante egipcio que lleva casi seis años recluido en una prolongada prisión preventiva exclusivamente como castigo por el activismo de derechos humanos de su hermano. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Esta demanda se ve amplificada por un importante aumento del apoyo global, evidenciado por las casi 33.000 firmas reunidas en la campaña de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos para pedir su liberación. Desde su detención arbitraria el 20 de mayo de 2019, las autoridades egipcias han sometido a Oqba Hashad a una larga lista de violaciones de derechos humanos, entre ellas desaparición forzada y tortura y otros malos tratos tales como palizas, descargas eléctricas y negación de la atención médica adecuada. Las autoridades no han proporcionado a este estudiante una prótesis de pierna funcional: de niño le amputaron la pierna derecha a la altura de la rodilla, a consecuencia de un accidente. Aunque la administración de la prisión inició el procedimiento para proporcionarle una prótesis en febrero de 2025 (más de un año después de que la familia la solicitara), aún no la ha recibido. A Oqba Hashad también le han negado atención médica especializada, incluido el acceso a los antisépticos y las herramientas de esterilización que necesita para su muñón. “Oqba Hashad ha sido víctima de una cruel y flagrante injusticia. Para empezar, nunca debió haber sido detenido, y no digamos ya ser forzado a pasar casi seis años injustamente entre rejas. Ya es hora de que las autoridades egipcias atiendan los llamamientos de decenas de miles de personas de todo el mundo que piden su liberación, pongan fin a su terrible suplicio y lo liberen de forma inmediata e incondicional”, ha manifestado Souleimene Benghazi, responsable de campañas sobre Egipto de Amnistía Internacional. Las autoridades egipcias han seguido manteniendo a Oqba Hashad detenido sin juicio más allá del límite legal de dos años para la prisión preventiva; para ello han utilizado la práctica abusiva de la “rotación”. El 20 de febrero de 2024, un juez ordenó la liberación del estudiante pero, en lugar de eso, las fuerzas de seguridad lo sometieron a desaparición forzada desde el 22 de febrero hasta el 2 de marzo de 2024, para luego detenerlo en una nueva causa por cargos similares de unirse a un grupo terrorista y financiarlo. “El hecho de que Oqba Hashad fuera acusado de nuevos cargos falsos en lugar de ser liberado una vez transcurrido el límite de la prisión preventiva resulta indignante. Esta flagrante manipulación del sistema judicial pone de manifiesto el desprecio de las autoridades hacia el derecho internacional. También subraya la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades egipcias para que pongan fin a esta grave injusticia de una vez por todas”, ha manifestado Souleimene Benghazi. La prolongada e inhumana detención de Oqba Hashad ha tenido importantes consecuencias en su salud física y mental. La falta de la prótesis de pierna le ha provocado un fuerte dolor de espalda y dificulta notablemente su movilidad. Sus familiares han informado a Amnistía Internacional de un dramático deterioro de su bienestar mental. Información complementariaEl caso de Oqba Hashad se incluyó en la campaña global anual de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos, cuya finalidad es sensibilizar y reclamar justicia para las personas cuyos derechos humanos están amenazados. La petición por la liberación de Oqba Hashad ha reunido casi 33.000 firmas, lo que demuestra la preocupación generalizada por su terrible situación. Durante su detención, Oqba Hashad fue interrogado en múltiples ocasiones sobre las actividades de su hermano, Amr Hashad, activista de derechos humanos que abandonó Egipto en 2019. Las fuerzas de seguridad habían detenido a Amr Hashad en 2014 por su activismo en el sindicato de estudiantes de la Universidad de Assiut. Amr Hashad fue condenado a tres años de cárcel tras ser declarado culpable de “unirse a una organización terrorista, tratar de derrocar al gobierno e incitar a la protesta”. Desde el exilio, ha seguido documentando violaciones de los derechos humanos en Egipto.
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Rusia: La pena de prisión de la activista contra la guerra Maria Ponomarenko, ampliada en plena escalada de la represión (Thu, 27 Mar 2025)
En respuesta a la resolución del Tribunal de Distrito de Shipunovsky, que amplía la pena de seis años de prisión de la periodista rusa y activista contra la guerra Maria Ponomarenko por alzar la voz contra la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia, Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia, ha declarado: “Las autoridades rusas deben liberar de inmediato y sin condiciones a Maria Ponomarenko. Condenarla a seis años de prisión simplemente por alzar la voz contra la guerra, denunciar el bombardeo ruso del teatro de Mariúpol y llorar por la pérdida de vidas inocentes ya era algo inconcebible. Ampliar esa condena por cargos falsos de atacar a dos guardias —claramente una cortina de humo para castigarla por no cambiar de opinión y por defender la justicia— representa una nueva cota de vileza en el trato que las autoridades están dando a Maria.” “Desde que comenzó la guerra de agresión contra Ucrania, las autoridades rusas han utilizado de forma habitual y con descaro tácticas para silenciar la disidencia, utilizando cargos falsos para encarcelar por motivos políticos a quienes las critican”Natalia Zviagina, Amnistía Internacional “Desde que comenzó la guerra de agresión contra Ucrania, las autoridades rusas han utilizado de forma habitual y con descaro tácticas para silenciar la disidencia, utilizando cargos falsos para encarcelar por motivos políticos a quienes las critican. Las autoridades rusas deben detener la guerra contra Ucrania, poner fin a la represión de su propia población, derogar la legislación de ‘censura de guerra’ y poner en libertad a todas las personas encarceladas en virtud de ella.” Información complementariaEl 27 de marzo, el Tribunal de Distrito de Shipunovsky condenó a un año y 10 meses adicionales a Maria Ponomarenko y ordenó que la activista fuera sometida a tratamiento psiquiátrico ambulatorio después de su puesta en libertad. Teniendo en cuenta la coincidencia de las condenas, esta pena de 22 meses no se añadirá automáticamente a la pena previa de prisión de Maria Ponomarenko, lo que significa que su pena de prisión combinada es de menos de siete años y 10 meses. Maria Ponomarenko es una periodista del medio de comunicación digital RusNews y activista de Barnaúl (krai de Altái). El 15 de febrero de 2023 fue condenada a seis años de prisión en virtud del artículo 207.3 del Código Penal ruso (“difundir a sabiendas información falsa sobre las fuerzas armadas rusas”). Los cargos se derivaban de las publicaciones de la periodista en las redes sociales sobre el bombardeo del teatro de Mariúpol, en el que según informes se refugiaban centenares de civiles. Maria Ponomarenko cumple su pena en la colonia penitenciaria IK-6, en Shipunovo, un pueblo a 175 km de Barnaul. Durante su encarcelamiento ha sufrido malos tratos, como la reclusión en régimen de aislamiento en una celda de castigo (SHIZO) —una unidad de aislamiento dura y atestada utilizada para quebrar el ánimo de las personas allí recluidas mediante severas restricciones y privaciones— donde ha sido enviada en múltiples ocasiones por motivos falsos, y la negación de atención médica adecuada, incluso para su salud mental cada vez más deteriorada. En noviembre de 2023, tan sólo unos meses después del traslado de Maria Ponomarenko a IK-6, las autoridades iniciaron otra causa penal contra ella. Esta vez se basaba en el artículo 321.2 del Código Penal ruso, y se la acusaba de atacar presuntamente a dos guardias varones de la colonia penitenciaria, cargos que ella niega tajantemente. Su procesamiento penal adicional continúa la tendencia por la que las autoridades rusas imponen sanciones penitenciarias adicionales a las personas encarceladas por cargos de motivación política, como demuestra el caso de Aleksei Gorinov, otra poderosa voz contra la guerra.
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Corea del Sur/Israel/Territorio Palestino Ocupado: Maquinaria de HD Hyundai en demoliciones practicadas en Cisjordania (Thu, 27 Mar 2025)
En demoliciones de estructuras de propiedad palestina en el Territorio Palestino Ocupado, se ha utilizado ampliamente maquinaria de HD Hyundai, según nuevas pruebas visuales y testimoniales documentadas por Amnistía Internacional Corea y grupos locales de derechos humanos.Aunque la empresa niega su participación, hay imágenes y vídeos verificados por los grupos en los que se han identificado 59 viviendas, negocios y otras estructuras de propiedad palestina que fueron demolidos entre septiembre de 2019 y febrero de 2025 utilizando maquinaria fabricada por el conglomerado surcoreano.Estas demoliciones han provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 250 personas palestinas y dañaron los medios de sustento de centenares más.“Es imperativo que HD Hyundai emprenda acciones enérgicas para suspender de inmediato la distribución de sus productos en Israel y que aumente su diligencia debida para garantizar que sus operaciones, productos o servicios no perpetúen los abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Montse Ferrer, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.Para su investigación, Amnistía Internacional Corea, en colaboración con el Laboratorio de Pruebas (el equipo de investigación digital de Amnistía Internacional), verificó un total de 347 imágenes y vídeos de demoliciones obtenidos mediante asociaciones con organizaciones locales.Amnistía Internacional Corea, en colaboración con la organización de derechos humanos israelí B’Tselem, recopiló también testimonios de víctimas cuyos hogares y negocios fueron destruidos por excavadoras HD Hyundai en ocho casos en toda Cisjordania.Un residente, un fontanero llamado Yaaqoub Barqan, ha descrito cómo el ejército israelí convirtió su casa en escombros en julio de 2024.“Unos 30 soldados armados llegaron en todoterrenos militares, junto con tres maquinarias pesadas, entre ellas una excavadora Hyundai. La excavadora destruyó la casa en menos de 20 minutos. Mi esposa se desmayó al ver cómo destruían nuestro hogar, y aún está en tratamiento psiquiátrico”, contó.Estos descubrimientos se han producido tras la investigación llevada a cabo desde marzo de 2023 en la que Amnistía Internacional y Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN) documentaron cinco casos en los que las fuerzas israelíes utilizaron excavadoras fabricadas por Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) para arrasar propiedades palestinas; aquello obligó a desplazarse a al menos 15 personas palestinas en Masafer Yatta, una zona en el sur de la Cisjordania ocupada en la que la población palestina vive bajo la amenaza inminente de expulsión colectiva.Si no existe una necesidad militar, las demoliciones en territorio ocupado de propiedad privada perteneciente a población palestina pueden ser graves infracciones del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes de guerra.En marzo de 2024, en una respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, HD Hyundai declaró que había revisado los expedientes de sus distribuidores y aseguró que no había registros de ventas a agencias gubernamentales, por ejemplo para trabajos de demolición en Israel, y que se había cumplido la normativa.Sin embargo, la investigación más reciente llevada a cabo por Amnistía Internacional Corea reveló al menos 32 envíos de maquinaria pesada de HD Hyundai al distribuidor israelí EFCO entre octubre de 2021 y octubre de 2023, junto con 12 envíos de equipo de Hyundai Infracore a Emcol Ltd, el principal distribuidor de Hyundai Infracore en Israel.Amnistía Internacional Corea se puso por primera vez en contacto con HD Hyundai en marzo de 2023, y luego otra vez en octubre de 2024 y marzo de 2025, para informar a la empresa sobre el uso de su maquinaria en demoliciones ilícitas en el Territorio Palestino Ocupado. El 17 de marzo de 2025 se contactó con Hyundai Infracore, Emcol y EFCO.HD Hyundai XiteSolution, empresa matriz de HD Hyundai CE y HD Hyundai Infracore, respondió el 25 de marzo de 2025 diciendo que “no tiene implicación en actividades en dichas regiones de conflicto”. La empresa no respondió directamente a las preguntas formuladas por Amnistía Internacional Corea. Emcol y EFCO no respondieron.“El grupo HD Hyundai, como cualquier otro actor empresarial, debe respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. Debe hacer más por garantizar que su maquinaria no se utiliza en la destrucción de hogares y medios de subsistencia en el Territorio Palestino Ocupado, especialmente porque las demoliciones son una herramienta esencial para mantener el sistema de apartheid israelí”, ha manifestado Montse Ferrer.
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